REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL MEXICANA (PRIMER EJE)
El CEPOLCRIM y la FUNDACIÓN proponen:
I.- UN NUEVO MODELO DE POLÍTICA CRIMINAL, EN DONDE HAYA “MÁS PREVENCIÓN Y MENOS REPRESIÓN”
(México requiere una política criminal integral, coherente y funcional, que responda a las expectativas de la sociedad y a las exigencias del Estado democrático de derecho)
1. Se propone realizar un diagnóstico a fondo de la política que el gobierno mexicano ha aplicado y aplica para enfrentar el problema de la delincuencia e identificar y destacar las principales fallas y causas por las que dicha política no ha resultado eficaz.
2. Formular, con base en el diagnóstico y previa planificación, el programa nacional de política criminal, que debe ser integral y coherente y dar preferencia a las medidas preventivas de índole social sobre las medidas represivas de carácter penal.
3. Atender, para ello, las distintas manifestaciones y rasgos característicos de la delincuencia, así como las transformaciones que va experimentando por efectos del proceso de la globalización e internacionalización y los desarrollos de la ciencia y la tecnología.
4. Crear y desarrollar el Sistema Nacional de Prevención Social del Delito, que de preferencia a las medidas que fomenten la educación, la cultura de la legalidad y la anticorrupción, la salud, el combate a la pobreza, a la falta de trabajo y de otras oportunidades, así como crear instancias encargadas de evaluar los programas de prevención, y de controles preventivos de naturaleza social y de orden económico, que monitoreen el funcionamiento de las instituciones públicas.
5. Generar modelos alternativos de reacción frente al delito, para reducir el uso de las medidas represivas de carácter penal y logar una efectiva despresurización del sistema penal y su real funcionalidad, como: crear y poner en práctica un Sistema Integral de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Sociales, que atendería un importante número de conductas delictivas de poca trascendencia que actualmente distraen al sistema de justicia penal y hacen que éste no tenga la capacidad de atenderlos, y aplicar efectivos programas de justicia restaurativa en sectores no punitivos.
6. Redistribuir funciones en materia de justicia penal y seguridad ciudadana, y ver la conveniencia de crear una instancia que se ocupe de diseñar los programas en materia de política criminal del gobierno federal, entre otros, o eliminar las que se dupliquen o sean innecesarias.
7. Convocar a un gran acuerdo nacional, con el propósito de que todos los actores formales e informales convengan en que <si bien el control del delito es una cuestión de gobernabilidad irrenunciable>, para lograr los objetivos anteriores, habrá que formular un plan nacional de política criminal, sustentado en diagnósticos objetivos y confiables de la situación que guarda el crimen, su control y la justicia penal en nuestro medio, así como en la idea de fortalecer el Estado de derecho y sus instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos, la gobernabilidad y la inclusión social.
