Vivimos actualmente la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, que además de sus graves efectos en materia de salud, por los muchos fallecimientos que ya ha producido, también los tiene en el ámbito económico, entre otros, no sólo en el ámbito nacional sino a nivel mundial; por lo que, se ha convertido en una amenaza global a la salud pública, cuyas diversas consecuencias aún son inciertas, que igualmente exige soluciones globales.
Pero, esta situación crítica, que ha centrado la atención tanto gubernamental como de la sociedad toda, también ha motivado que otros problemas igualmente críticos y preocupantes para la sociedad mexicana, como es el de la delincuencia violenta y la inseguridad ciudadana que produce, no sólo han tenido una atención menor sino que siguen esperando decisiones más consistentes, producto de una política criminal integral mejor planificada y estructurada, que aborde la problemática en sus múltiples facetas. Por ello, a pesar de la contingencia, la sociedad mexicana sigue esperando que sus expectativas se ven satisfechas, y que las instituciones del sistema penal y de seguridad pública dejen de perder credibilidad. Es decir, las exigencias del Estado democrático de derecho, de garantizar paz y tranquilidad a la sociedad, mayor acceso a la justicia y respeto de los derechos y garantías constitucionales, hasta ahora no se ven cumplidas.
Se ha convertido en una amenaza global a la salud pública, cuyas diversas consecuencias aún son inciertas, que igualmente exige soluciones globales
Con el propósito de coadyuvar con las instituciones del Estado, que tienen en sus manos las decisiones político-criminales de legislar, prevenir, investigar, perseguir, juzgar y castigar los delitos, es decir, las decisiones en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública, el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM) y la Fundación “CEPOLCRIM-HANS WELZEL” les dará a conocer próximamente un documento de “propuestas para la reforma en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública en México”. Por lo que, se espera que Legisladores y responsables de los distintos sectores y niveles del sistema de justicia penal –federales y locales- se puedan interesar en la necesidad de que las cosas funciones mejor y propiciar encuentros con especialistas Académicos y la Sociedad civil que han trabajado en estos temas, para abordar los grandes problemas y desafíos de la política criminal, el sistema de justicia penal y la seguridad pública en nuestro país. Este acercamiento les permitirá conocer los aportes de la Academia sobre la problemática y cómo los sistemas de justicia penal y seguridad pública pueden transformarse para responder de manera efectiva a sus propios objetivos, a las expectativas de la sociedad y a las exigencias del Estado democrático de derecho.
Es evidente que la estrategia político-criminal del actual gobierno federal hasta ahora no ha resultado funcional frente a la delincuencia organizada, la violencia, la inseguridad y la impunidad; ha sido muy deficiente, o simplemente ha faltado estrategia, a pesar de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el uso de las fuerzas armadas, entre otras medidas. Además, lejos de reducir el número de pérdidas humanas éstas se han incrementado, aún en tiempos de la pandemia, como lo muestran las cifras oficiales de homicidios y feminicidios, de secuestros y extorsiones, entre otros delitos violentos. La interrogante es, entonces, si el gobierno tiene la voluntad y la decisión de garantizar que los bienes jurídicos de los mexicanos sean debidamente protegidos frente a la delincuencia, de combatir la impunidad y de ajustarse al Estado de derecho.
Si la política criminal represiva y persecutoria ha sido fuertemente cuestionada, la realidad es que lo mismo sucede con la actual, porque no ha demostrado ser ni una nueva ni mejor alternativa; no hay muestras serias de querer transitar de la política meramente represiva a una de “pacificación” y “reconciliación”, que además sea eficaz. Pues, el “dejar hacer” y “dejar pasar”, o el “no hacer nada” y propiciar la impunidad, sólo ha traído más violencia. O es que dicha política anticrimen aún está por diseñarse, a pesar del tiempo transcurrido y de algunas medidas aisladas, desconectadas entre sí, que no parecen tener como prioridad el combate a la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones. Aún falta claridad en sus objetivos, que a su vez reclaman una visión integral del problema y de la solución.
El “dejar hacer” y “dejar pasar”, o el “no hacer nada” y propiciar la impunidad, sólo ha traído más violencia.
Mientras tanto, la incidencia delictiva y la violencia siguen en aumento, según las cifras oficiales de homicidios y feminicidios, de secuestros y extorsiones, entre otros delitos violentos. Por ello, si la nueva tendencia político-criminal aún no encuentra su rumbo, que todavía padece de gran indecisión sobre qué hacer y cómo hacerlo para enfrentar el problema delictivo, de inseguridad y de impunidad, habrá que admitir la necesidad de apoyarse en estudios y reflexiones serios para su adecuada conformación y estar en mejores condiciones de tener éxito.
