1. El Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. y la Fundación CEPOLCRIM-HANS WELZEL, así como otras instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, han analizado y discutido los grandes problemas que enfrentan tanto la política criminal del Estado mexicano como su sistema de justicia penal y de seguridad pública, desde la perspectiva de las transformaciones que van experimentando el fenómeno delictivo y los mecanismos de control, con el propósito de hacer recomendaciones y propuestas concretas y serias sobre lo que debe ser la futura política criminal y los cambios que deben experimentar los sistemas de justicia penal y de seguridad pública, para que respondan a las expectativas sociales y a las exigencias del Estado democrático de derecho.
En primer lugar, es urgente diseñar nuevas y más funcionales estrategias político-criminales para enfrentar de manera eficaz el fenómeno delictivo en sus diversas manifestaciones, sobre todo la que representa mayor violencia y mayor impacto social, como la delincuencia organizada. Esto, ciertamente, es tarea del gobierno (federal y local); pero, deben participar en ello los tres Poderes de la Unión (y locales), según sus respectivas atribuciones y de acuerdo a las exigencias del Estado de derecho; además, debe hacerlo a partir de una visión integral del problema y de la solución, de una previa planificación, basada en los más sólidos criterios político-criminales, con el adecuado sustento teórico y el más amplio apoyo social. Esto último implica que, quienes tienen la función y la responsabilidad de diseñar y poner en práctica la política criminal del Estado mexicano, de su sistema de justicia penal y de seguridad pública, no desdeñen las aportaciones de Académicos y de miembros de la sociedad civil, conocedores de la problemática tanto en su aspecto teórico como práctico y que por la naturaleza de su función se ocupan centralmente de estas cuestiones. Esas aportaciones pueden servir de apoyo en el diseño general y la conformación de los programas respectivos.
2. Las propuestas concretas destacan solo los aspectos generales del problema y de las soluciones, y comprenden tres grandes ejes: a) Reorientación de la Política Criminal Mexicana; b) Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal y del Estado de Derecho, y c) Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a continuación se presentan.
