REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL MEXICANA (PRIMER EJE)
El CEPOLCRIM y la FUNDACIÓN proponen:
II.- NUEVAS ESTRATEGIAS POLÍTICO-CRIMINALES FRENTE A LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
1. Atender el problema de la delincuencia organizada de manera integral, en sus diversas manifestaciones y como un fenómeno multidimensional y multifactorial, regional, nacional y transnacional, para rediseñar una política cuyas estrategias garanticen su eficaz prevención, investigación, procesamiento y sanción.
2. Modernizar la política criminal antidrogas, atendiendo a las realidades y necesidades nacionales como a las tendencias internacionales y, sobre todo, a las experiencias y resultados en otras latitudes. Someter a un serio y multidisciplinario análisis y discusión de las diversas alternativas en esta materia, tanto las que optan por una política exclusiva o predominantemente prohibitiva y represiva como las que pugnan por una política permisiva o descriminalizadora de ciertas drogas, para evaluar sus pros y contras y ver cuál estaría en mejores condiciones de garantizar la protección de la salud de los mexicanos y la pacificación social.
3. Revisar a fondo la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para actualizarla atendiendo a las transformaciones que el propio fenómeno delictivo va teniendo y las tendencias de la política criminal en el plano internacional.
4. Revisar y actualizar la política criminal en materia de lavado de dinero, así como la legislación y los criterios de aplicación, para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero que se realiza a través de las llamadas “empresas fantasmas”, así como vincular el lavado de dinero con el financiamiento de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones
5. Revisar y actualizar la política criminal legislativa en materia de secuestro, desaparición forzada y trata de personas, entre otras, para armonizarla con la política general sobre delincuencia organizada y hacerla más funcional y eficaz.
6. Revisar la política criminal del Estado mexicano en materia de tráfico de armas de fuego, e implementar estrategias más integrales y efectivas para controlar, además del tráfico, el acopio, venta y uso de armas, y evitar su relación con otras manifestaciones de la delincuencia organizada y las consecuencias que ello produce.
7. Revisar el nivel de observancia de los instrumentos internacionales sobre delincuencia organizada suscritos por México y fortalecer la política de cooperación internacional en materia de delincuencia organizada, para el desmantelamiento de empresas criminales mexicanas y transnacionales que operan en distintos países de manera simultánea, así como propiciar la coordinación y armonización internacional de políticas criminales, de políticas sociales, de políticas fiscales y de políticas regulatorias en temas tan diversos como armas, drogas, migración, ámbito financiero y demás bienes y servicios traficados por grupos criminales.
8. Establecer esquemas de controles de los sistemas judiciales nacionales y transnacionales, que de manera sistemática se ocupen de generar y ejecutar resoluciones punitivas predecibles en un Estado de derecho que contemple el ejercicio práctico de los (58) derechos humanos contenidos en las Convenciones de la ONU ratificadas por México; entre otros.
