REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL MEXICANA (PRIMER EJE)
El CEPOLCRIM y la FUNDACIÓN proponen:
IV.- ESTRATEGIAS POLÍTICO-CRIMINALES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Es innegable que el grado de corrupción que existe en México es muy alto tanto en la administración pública como en los distintos sectores y niveles del sistema de justicia penal y de seguridad pública, así como son muy altos los costos que ella representa para cada uno de los Poderes de la Unión y de los Estados, así como para la sociedad en su conjunto. Por ello, el nuevo gobierno federal ha puesto especial énfasis en este tema; pero, el nuevo sistema anticorrupción corre el riesgo de colapsarse, es decir, podría quedar pronto rebasados en su capacidad de respuesta, si no se cambia de actitud y se persiste en querer combatir el flagelo exclusivamente como lo sugiere el discurso político, que lo que menos busca es aplicar o ajustarse a la ley. Por ello, se sugiere:
1. Revisar los fundamentos y alcances, objetivos, competencias, estructura y funcionalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, para determinar su pertinencia, suficiencia, viabilidad y factibilidad y, en su caso, promover los ajustes correspondientes para posibilitar un combate efectivo a la corrupción y que no se traduzca en mera simulación.
2. Determinar las nuevas directrices generales de lo que será el “Programa Nacional Anticorrupción”, para dar certidumbre a la ciudadanía sobre los lineamientos en materia de prevención y combate a la corrupción, y analizar sus resultados para conocer sus beneficios y omisiones, con el fin de reorientarlos.
3. Promover que el marco legal de las Entidades Federativas se armonice con la legislación nacional se dé a los Sistemas Locales Anticorrupción congruencia y consistencia con respecto al Sistema Nacional y establecer las estrategias de coordinación y de control entre ambos sistemas.
4. Revisar procesos y protocolos de actuación y analizar la información de diferentes fuentes para evaluar, desde una perspectiva factorial o de multicriterios, la intensidad y rasgos particulares del problema de la corrupción en las Instituciones, con el propósito de determinar el mapa de riesgos y establecer las directrices de identificación, prevención y combate a la corrupción.
5.Establecer estrategias político-criminales específicas para combatir la corrupción en los distintos sectores y niveles del sistema de justicia penal, que a su vez propicia la falta de funcionalidad del sistema y la impunidad, entre otros efectos negativos.
6. Establecer estrategias político-criminales para combatir la corrupción en los distintos sectores y niveles del sistema de seguridad pública.
7. Establecer controles patrimoniales -para desmantelar a las vastísimas telarañas nacionales e internacionales de activos reales en la forma de inmuebles, fábricas, sistemas de transporte y almacenamiento que hacen funcionar a las empresas criminales-, que operen autónomamente del poder político y sean supervisados por comisiones, preferentemente, de los poderes legislativos, federal y locales.
8. Generar una campaña permanente de marketing que impacte hacia el interior de las instituciones gubernamentales y a la sociedad en general en esta materia.
9. Implementar sistemas de gestión antisoborno hacia el interior de las instituciones gubernamentales, basados en la norma ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antisoborno), orientados hacia su certificación.
10. Capacitar y certificar al personal encargado de la gestión anticorrupción hacia el interior de las dependencias del ejecutivo, usando como referente las normas ISO 19011 (Auditoría de Sistemas de Gestión) e ISO 37000 (Gestión del Riesgo); entre otras acciones.
